Senadora dice alto a la criminalización de la pobreza
El artículo 19 de la Constitución que condena a prisión preventiva a presuntos criminales, causa el arresto de un número alarmante de personas inocentes. Debido a que la mayoría son personas de escasos recursos, pueden pasar años en la cárcel sin sentencia y sin poder defender su caso. Además, se ha comprobado por varias fuentes, incluyendo la INEGI, que son más mujeres las que son encarceladas que hombres; de las cuales, de acuerdo con información recopilada de cuadernos de estadística penitenciaria nacional y procesada por Intersecta, son más mujeres sin sentencia que condenadas mientras que en hombres sucede lo contrario.
Por lo mismo, la senadora pide que las acusaciones confirmadas de robo, sean penalizadas con opciones alternativas a la cárcel. Demuestra, por ejemplo, que el costo de una persona en reclusión llega casi a los 60 mil pesos, mientras que un brazalete de arresto domiciliario cuesta menos de 10 mil pesos. Con esta opción, señala que las personas sentenciadas a arresto domiciliario podrán seguir trabajando para sus familias, pues de por sí, de acuerdo con datos del INEGI ocho de cada diez provienen de situaciones complicadas de bajos ingresos.
Así, la senadora Mercado recuerda que la propuesta esencialmente ayudaría a la no criminalización de la pobreza, a que no haya concentración en las cárceles, a privilegiar las medidas cautelares que no involucren el arresto en prisión y a que los jueces sean los que justifiquen la prisión preventiva mediante el proceso adecuado.
También Paola Zavala, presidenta de la Organización Comunitaria por la Paz que impulsó la iniciativa junto con la senadora Mercado, hace énfasis en el punto de la privación al trabajo que impide que obtengan los medios para conseguir una defensa. Por eso, clarifica que se oponen a las medidas de prisión preventiva “porque no reparan el daño y porque no se previene el delito, pero sobre todo porque hay otras medidas cautelares en la ley que se pueden seguir.”
