ONU aprueba investigación de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua
Este jueves, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución para formar un grupo de tres expertos para investigar posibles violaciones a los derechos humanos en Nicaragua desde 2018, cuando estalló la revuelta popular contra la dictadura de Daniel Ortega. La resolución, aprobada con 20 votos a favor, siete en contra y 20 abstenciones, establece la formación de este mecanismo de investigación con la misión de “recolectar, preservar y analizar información y evidencias” sobre posibles violaciones de derechos humanos, “identificando a sus responsables”.
Esta misión tendrá una labor similar a la aprobada en 2019 para Venezuela mediante otra resolución del Consejo de Derechos Humanos, siendo el segundo mecanismo de investigación de este tipo para Latinoamérica.
En palabras de Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch, “la crisis de derechos humanos en Nicaragua exige un riguroso escrutinio internacional”. “Con esta resolución, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha transmitido un mensaje claro al presidente Ortega de que la comunidad internacional no tolerará los abusos de su gobierno”.
La resolución fue presentada por Ecuador, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú, y fue apoyada por alrededor de 50 gobiernos. Además, el documento reclama al gobierno nicaraguense el cese de las detenciones arbitrarias y la intimidación, la liberación inmediata de los injustamente detenidos y la investigación de casos de acoso a líderes políticos, periodistas, activistas y demás críticos del régimen de Ortega. Expresa también una preocupación por violaciones de los derechos civiles y políticos en el contexto de las elecciones del pasado año y lamenta “el fracaso del Gobierno de Nicaragua a la hora de poner en práctica reformas electorales e institucionales que garantizaran unas elecciones libres y justas”.
El gobierno de Ortega no ha permitido que organizaciones internacionales de derechos humanos ingresen al país desde que expulsó a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fines de 2018. El 24 de marzo de 2022, expulsó al representante en el país del Comité de la Cruz Roja Internacional.
