12,000 presos después: Bukele y su guerra contra las pandillas de El Salvador
Gang members are secured during a police operation at Izalco jail during a 24-hour lockdown ordered by El Salvador's President Nayib Bukele in Izalco, El Salvador, photograph released to Reuters by the El Salvador Presidency on April 25, 2020. El Salvador Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY.
En las últimas semanas, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha puesto en marcha toda su propaganda para extender la narrativa de un gobierno vengador que terminará con las pandillas que aquejan a El Salvador, cuyas guerras y negocios han provocado miles de muertos en el país desde hace décadas.
Desde finales de marzo, cuando la violencia dejó 87 muertos en 72 horas en el país, Bukele y su gobierno emprendieron una “guerra contra las pandillas”, la cual, además de la propaganda ya mencionada, ha provocado enmiendas legales y un estado de excepción que, según críticos de su gobierno, ha servido al oficialismo para limitar garantías constitucionales y arremeter contra periodistas y académicos. El régimen de excepción de El Salvador fue aprobado por un mes, pedido por Bukele, para frenar a pandillas como la Mara Salvatrucha, responsabilizada de al menos 76 homicidios en dos días.
Es imposible comprobar la cifra, ya que el gobierno de El Salvador ha cerrado todas las vías al acceso de información sobre su sistema carcelario, pero si es cierto, han ingresado 12,000 presos a un sistema en el que ya hay cerca de 40,000 reos, cifra que ya sobrepasaba por 10,000 personas la capacidad real estimada de la red de prisiones. Esto significa que la población ahora es de 22,000 personas, aproximadamente.
Además del estado de excepción, se amplió de 72 horas a dos semanas el tiempo para detenciones sin cargos, se redujeron las raciones de comida para los miembros de pandillas tras las rejas y se han hecho públicas degradaciones hacia estas personas, imágenes difundidas por el propio presidente, quien ha arremetido contra los defensores de los derechos humanos de los criminales y los ha tratado de hipócritas.
Entre los nuevos detenidos hay personas cuyas capturas han sido fuertemente denunciadas, y en algunos casos demostradas, como actos arbitrarios. Bukele ha minimizado esto y ha dicho que la cifra de error es mínima, comparada con los “resultados” que su gobierno ha tenido.
“Reconocemos los desafíos que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos”, dijo la portavoz de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Las cifras oficiales, también compartidas por Bukele, parecen anunciar que el estado de excepción da frutos, luego de que los informes de la PNC indicaran que los homicidios se han mantenido en cero durante varios días.
Hay, sin embargo, algo que parece escapar a la narrativa de resultados del gobierno salvadoreño: El Salvador sigue sin extraditar a Estados Unidos a los 14 líderes de la MS13 que el gobierno estadounidense reclama por diversos delitos, entre los que se encuentran homicidio y terrorismo. Esto, para algunos, ha significado que a pesar de los miles de presos de Bukele, la cadena de mandos del crimen organizado sigue intacta, lo que es preocupante, ya que desde 2015, Bukele ha sido acusado de tener pactos con las pandillas.
