Avanza reforma en materia de delitos sexuales en el Senado
Con el respaldo de todas las fuerzas políticas en el Senado de la República, avanza el dictamen de reforma al Código Penal Federal en materia de delitos sexuales, con el fin de incluir dentro de la definición de violación la figura de “no consentimiento” expreso de la víctima y opere el “no es no”.
La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, y la titular de la Comisión para la Igualdad de Género, Malú Micher, coinciden en la necesidad de actualizar la legislación penal, puesto que las definiciones de violación que se basan sólo en el uso de la fuerza y dejan fuera el consentimiento voluntario y genuino para la relación sexual son insuficientes ante las normas internacionales en materia de derechos y provocan impunidad.
Por ello, el principal propósito de la reforma al Código Penal Federal es incluir la figura del consentimiento de una persona a participar en un acto sexual, detalló la presidenta.
Ello significa que el consentimiento deberá ser expresado de manera inequívoca, consciente, entusiasta y retractable. En este sentido, “no se puede inferir el silencio de la víctima, no se puede inferir la resistencia, tampoco la sugerencia, la solicitud o la comunicación de la víctima respecto a un uso de anticonceptivo”.
La iniciativa plantea otros aspectos primordiales, tales como que se considere violación como “todas las formas de penetración sexual, con una parte del cuerpo o un objeto cometido sin el consentimiento de la víctima”.
La reforma establece que en el caso de menores de 15 años, aunque haya consentimiento para la relación sexual, se considera violación cuando haya violencia física, emocional, económica, coacción o engaño, intimidación o presión que contribuya a este sometimiento en relaciones asimétricas.
Asimismo, se busca adecuar que si la víctima se encuentra bajo los efectos de sustancias que alteren su consciencia o tiene alguna discapacidad, esto le impida otorgar el consentimiento.
Por su parte, la senadora Malú Micher resaltó que con la reforma se pretende “transformar la perspectiva con la que se aborda la violencia sexual, llenando vacíos legales y dándole herramientas a jueces y magistrados para que investiguen y sancionen esta clase de delitos que viven sobre todo las mujeres y rara vez llegan al conocimiento de un ministerio público, por lo que hay un alto porcentaje de impunidad”.
