¿Qué está pasando en Nuevo San Gregorio?
La comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio está situada en el Municipio de Ocosingo, en el Estado de Chiapas. Con el pasar del tiempo ha pasado de 388 habitantes en el 2005 a tener solo 121 en el 2020, ¿por qué sucedió esto?
En noviembre del 2019 se comenzó a registrar agresiones por parte de grupos de corte paramilitar provenientes de las aldeas rancherías San Andrés Puerto Rico, Duraznal y Rancho Alegre. Estos grupos son responsables de la invasión y despojo de 155 hectáreas, y desplazamiento forzado de los habitantes.
El 3 de marzo del 2021, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas o Frayba ante esta problemática instaló un campamento de Brigadas Civiles de Observación en la comunidad con el fin de documentar estas agresiones. Los brigadistas registraron 21 agresiones en contra de 5 familias, 27 personas en total, entre ellas están: amenazas de muerte, violencia sexual, robo de ganado, cortes de agua, vigilancia constante, secuestros, obstrucciones en la carretera, entre otros más.
Desde julio del 2022, el grupo agresor ha aumentado su presencia atacando directamente a la organización civil El Puente, extorsionando a sus miembros, y a los brigadistas con agresiones directas que ponen en riesgo sus vidas. Ante esta situación, el Frayba fue forzado a retirar el campamento que habían instalado. Esto debido a que ya no podían asegurar la seguridad de sus observadores, este ha sido su primer caso en sus 28 años de existencia.
Cabe mencionar que el relator especial sobre los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y la relatora especial sobre derechos humanos de los desplazados internos, ambos de la ONU, están informados de la situación, así como las embajadas de los miembros de las brigadas. Aun así, el gobierno ha mantenido una postura indiferente ante los hechos mencionados.
Desde el territorio rebelde zapatista se hace un llamado solidario a la comunidad nacional e internacional hacia su lucha por su autonomía y seguridad. También exigen la participación del Estado mexicano a defender los derechos humanos de sus habitantes y de los observadores del Frayba, y eliminar los ataques armados en contra la población de los pueblos Emiliano Zapata y demás comunidades en la región Moisés Gandhi. Al igual, demandan investigaciones correspondientes con el fin de sancionar a los autores de los delitos ya mencionados y acciones que garanticen que no se repetirá estos sucesos.
Todo esto para asegurar la integridad de quienes ejercen su derecho a la libre determinación y autonomía en el marco de los acuerdos de San Andrés, el convenio 169 de la OIT y las Declaraciones sobre los derechos de los pueblos indígenas.
