Niegan por segunda vez aborto a niña brasileña de 11 años

Hace aproximadamente un año, la historia de una niña de diez años que vivía en una zona rural de Teresina, capital de Piauí, Brasil, dio la vuelta al mundo, ya que se había descubierto que estaba embarazada después de sufrir una violación a manos de un familiar suyo: su primo de 25 años, quien fue asesinado poco después de que la niña diera a luz.
A la niña se le negó ayuda psicológica por parte de sus padres, así como se le negó su derecho a abortar, sobre todo por parte de su madre (quien en ese entonces tenía 28 años) a pesar que se le comunicó que por su edad el embarazo ponía en riesgo la vida de la niña, ya que ella lo considera “un crimen”, obligándola a dar a luz en septiembre de 2021, para poco después abandonar la escuela, escapando de casa y dejando el bebe al cuidado de su abuela. La niña terminó en una casa de acogida, donde se descubrió que estaba nuevamente embarazada.
Aún no se sabe quién fue la persona que nuevamente abusó de la menor; la madre acusa a un tío, pero se sospecha del padre y del hermano de la niña, quien aún se mantiene anónima. Las autoridades investigan el caso, aún sin ningún detenido.
Poco después y gracias a la presión mediática que provocó que el caso fuera desvelado por periódicos brasileños; “Folha de S. Paulo”, ayudo que la niña pudiera realizarse un aborto con la ayuda del centro de acogida. La niña lleva un mes en un orfanato público.
Este caso, aunque horrible, no es el único. Según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, en 2021 hubo 35.735 casos registrados de violencia sexual contra menores, donde la mayoría de los casos los agresores son familiares, cercanos y/o personas de confianza. Cada hora, 4 niñas brasileñas son violadas y este caso es sólo uno de miles que ni siquiera llegan al foco público, poniendo en evidencia el terrible sistema judicial brasileño.
La forma en que los casos de violación pasan por debajo del radar, ya sea por las autoridades o por los mismos familiares de la víctima y/o agresor, además de la falta de apoyo legal, psicológico y médico hacia las víctimas, es sólo la primera parte. En Brasil es legal la interrupción del embarazo en casos de violación y en riesgo de muerte para la gestante, pero igualmente muchas víctimas, ya sea por desconocimiento de este derecho o por la precarización educativa (sobre todo en temas sexuales) que se vive, no sólo en Brasil, sino en toda Latinoamérica, terminan llevando a término sus embarazos u optan por la vía ilegal. En Brasil se practican al menos 2000 abortos legales, mientras que se estima que los ilegales llegan al millón.
Ana Cifal, coordinadora jurídica del Instituto Alana, quien promueve el derecho integral de los menores, señala que “las niñas no pueden ser revictimizadas. La ley de Escucha Especializada existe para que no se sumen nuevas violencias”, todo esto en referencia que los medios de comunicación deben reflexionar al hacer entrevistas y careos con preguntas sobre lo ocurrido donde se busca sólo el morbo y el espectáculo, ya que pueden llegar a agravar la situación de las víctimas. La ley de Escucha Especializada permite capacitar a los servidores públicos para que se respeten los derechos de las víctimas.