Mítikah y sus polémicas. La complicidad de las autoridades ante la gentrificación
La controvertida Torre Mítikah se ha encontrado en el ojo del huracán desde su inauguración este 23 de septiembre. Fibra Uno (Funo), la Agencia inmobiliaria responsable del mega proyecto, estimó que el centro comercial atraerá un promedio de 12 millones de visitantes anuales, catalogándola como “el complejo más grande en su tipo en América Latina”, pero atrayendo múltiples problemas desde el primer momento.
Desde el 31 de julio de 2017 los habitantes de las colonias Xoco, Santa Cruz Atoyac y General Anaya se manifestaron en contra de varios proyectos individuales en la zona, incluida Mítikah, ya que provocara desabasto de agua, problemas de movilidad, el colapso de drenaje entre otras problemáticas, siendo ignorados por los medios y autoridades. No fue hasta marzo de 2018 y la construcción ya tenía un largo avance, que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que “tiene que hacer la mitigación, están haciendo ahora una obra de drenaje, que estamos ahí trabajando junto con la alcaldía; pero ellos tienen otra obra de mitigación que es una vialidad qué pasa por lo que era las antiguas oficinas de Bancomer, todavía no inician y tienen que iniciar esta obra de mitigación” la funcionaria señalaba que los impactos en el desarrollo inmobiliario, en el consumo de agua y de movilidad aún no estaban bien definidos. Funo respondió que tenía todas las autoridades que el proyecto Mítikah contaba con todas las autorizaciones, incluida la mitigación.
En mayo de 2019, 60 árboles sanos fueron talados en la calle Real de Mayorazgo para dar paso al megaproyecto, las autoridades ambientales y del gobierno capitalino abrieron una investigación de ecocidio en contra de la desarrolladora de Mítikah. Se les sentenció a pagar una multa de 40 millones de pesos y su Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) fue revocado. Funo refuto que: “La remoción autorizada de árboles tuvo como medida de mitigación la limpieza y saneamiento de más de 700 árboles en Xoco y cualquier árbol removido será restituido por tres árboles nuevos” comunicó la desarrolladora, el proyecto siguió, pero poco después Sheinbaum les comunicó que su siguiente plan de agregar 35 pisos adicionales no estaba autorizado y que por lo tanto era ilegal.
En mayo de 2020, según un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), los hermanos El Mann Araiza, propietarios de Funo, fueron denunciados por lavado de dinero y fraude fiscal. La investigación fue revelada por el periódico Reforma, igualmente que se señaló la falta de claridad en el pago de la multa por 40 millones de pesos por la tala ilegal de árboles. De nuevo, el mismo año, las quejas y preocupaciones de la falta de calidad del proyecto y del impacto en las comunidades aledañas empezaron a apilarse. La alcaldía reconoció que no habían hecho una buena supervisión.
En noviembre de 2021 el juzgado Octavo en Materia Administrativa de la Ciudad de México y la Secretaría del Medio Ambiente suspendieron la obra de construcción, remodelación y mejoramiento de las obras de mitigación que el proyecto estaba realizando en Xoco. La SEDEMA indicó que el proyecto se encontraba en consulta general, pero en diciembre un juez negó la suspensión definitiva y permitió que la obra continuará. Los colonos de Xoco acusaron al juez que la resolución carece de una debida fundamentación y motivación y que no respetaba los derechos que tiene Xoco como pueblo, pero la asamblea indicó que la decisión era impugnable, evitando que la obra se volviera a suspender.
Al final y a pesar de las juntas vecinales con la desarrolladora, de las promesas y las opiniones de los expertos representantes de Funo que prometían la resolución con los problemas de movilidad, ruido y agua, pero en solo su primera semana se colapsaron las calles de Coyoacán por el aumento de visitantes y las numerosas manifestaciones en su contra con una lista de quejas interminables.
Actualmente el acceso principal al pueblo de Xoco se convirtió en el recibidor de la plaza comercial y una muralla de seis metros separa a los consumidores blancos y ricos de los locales quienes solo se sienten traicionados por la complicidad de autoridades, no solo hacia Funo, sino hacia otras inmobiliarias que ya están instalándose y negociando nuevos proyectos en la zona.
