Dictan auto de formal prisión a ocho militares por caso Ayotzinapa

Raquel Ivette Duarte Cedillo, Jueza Federal del Segundo Distrito en Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Edomex; emitió una resolución en contra de ocho militares implicados por el caso de los 43 normalistas en Ayotzinapa, a quienes se les dictó auto de formal prisión para ser llevados a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
Esta noticia fue dada a conocer por parte del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas; por medio de su cuenta de Twitter informó acerca de la situación jurídica de los militares, sin embargo, no explicó el estatus legal de las otras ocho personas que están implicadas en el caso, mismas que tienen una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzosa; respecto a ello la Fiscalía General de la República declaró que en el caso Ayotzinapa hay alrededor de dieciséis órdenes de aprehensión, de las cuales solo ocho han sido procesadas.
Actualmente los militares detenidos por la desaparición de los normalistas son: Omar Torres Marquillo, Uri Yashiel Reyes Lazos, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Juan Sotelo Díaz, Santiago Muñoz Pilo, Francisco Narváez Pérez, Ramiro Manzanares Sanabria, Eloy Estrada Díaz, Juan Andrés Flores Lagunes, Oscar Cruz Román, Ezequiel Carrera Rifas, Joel Gálvez Santos, Felipe González Cano, Roberto de los Santos Eduviges y Enrique Martínez Chávez.
Dentro de los detenidos se encuentra Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex fiscal Antisecuestros de la desaparecida Procuraduría General de la República, el ex comandante del 41 Batallón de Infantería, Rafael Hernández Nieto y los soldados de los Batallones 27 y 41 de Infantería, a todos ellos se les imputan los mismos delitos.
Por otra parte la Fiscalía General de la República, solicitó que se cancelaran 16 de las 20 resoluciones judiciales que se habían emitido en contra del Batallones de Infantería 41 y 27, petición que fue concedida el pasado 14 de septiembre de 2022, de igual forma se cancelaron las órdenes de aprehensión a los servidores públicos del Estado de Guerrero, de los cuales se destaca la del ex Procurador Iñaky Blanco y la de Lambertina Galeana Marín, ex titular del Tribunal Superior de Justicia.