14 de mayo de 2024

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Primera demanda de amparo contra reforma de pensiones: Más de 700 trabajadores buscan proteger sus ahorros

En medio de la entrada en vigor del decreto que establece el Fondo de Pensiones para el Bienestar, un despacho de abogados, Trusan & Roma Abogados, ha presentado la primera demanda de amparo en contra de las reformas que crearon este fondo. La demanda, interpuesta ante un juez de distrito en materia de trabajo, representa a 727 personas, tanto del sector privado como del sector público.

El abogado Rodolfo Martínez, socio del despacho, explicó que la demanda se fundamenta en la violación de los principios de seguridad jurídica y de no aplicación retroactiva de la ley. Martínez argumenta que la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar implica cambios significativos en las condiciones de administración de los recursos de los trabajadores, generando incertidumbre jurídica.

La nueva legislación contempla la transferencia de ahorros para el retiro de cuentas inactivas al Fondo, lo que, según los demandantes, afecta la voluntad de los trabajadores sobre quién administrará sus recursos. Este fondo será financiado inicialmente con más de 40,000 millones de pesos de ahorros para el retiro no reclamados de cuentas Afores inactivas de personas de 70 años o más.

Los demandantes, principalmente servidores públicos, alegan que la medida es inconstitucional y desconocen cómo serán administrados sus recursos. Además, cuestionan la retroactividad de la ley y la falta de seguridad jurídica en las disposiciones.

Trusan & Roma Abogados espera que en las siguientes semanas se sumen más demandantes a estas acciones legales. Anuncian una gira por varios estados del país para recolectar documentos y firmas de personas que deseen ampararse.

Esta primera demanda de amparo marca el inicio de lo que podría convertirse en una serie de acciones legales contra las reformas de pensiones impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La oposición y diversos sectores, incluyendo representantes del sector empresarial y trabajador, han expresado preocupación por la constitucionalidad y los efectos de estas reformas en el sistema de pensiones en México.

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